La crisis del gobierno educativo: una remoción y una oportunidad

La crisis del gobierno educativo: una remoción y una oportunidad

El comienzo de la semana pasada nos trajo una noticia que venía manejándose por la prensa desde hacía unos días: cesaron en su cargo a la Directora General de Secundaria, la profesora Celsa Puente. Y digo cesaron, porque es lo que efectivamente sucedió. Lo de “renunció” no es más que uno de los habituales eufemismos del campo político a la hora de tramitar este tipo de situaciones.

Lo cierto es que le bajaron el pulgar a quien hasta ese momento ejercía una especie de “reinado”, incluso atribuyéndose espacios de poder pocas veces visto a la interna del colegiado que gobierna Secundaria -por ejemplo, atribuirse el ser la única jerarca del organismo con la potestad de crear grupos y horas de apoyo, según informó a fines de marzo el diario El Observador-, y que se jactaba de tener un apoyo de privilegio, que incluía a la Ministra María Julia Muñoz y al mismísimo Presidente Tabaré Vázquez.

Ese mismo “envalentonamiento” con el cual le había marcado a otros su poder absoluto en más de una situación -alcanza con recordar sus palabras proferidas en la Junta de Inspectores de Secundaria de octubre del año pasado y que dejaron al desnudo incluso una concepción violatoria de la autonomía de la ANEP-, es dable considerar que fue parte de lo que también le terminó jugando en contra en el episodio concreto que termina con su remoción: ¿acaso Puente supuso que su forma de proceder estaba nuevamente más allá del alcance del poder del Codicen y que no era necesario ni siquiera contestar los mensajes que le advertían de que se había excedido en el plazo vacacional indicado para retomar sus funciones al frente del Desconcentrado?

Las dificultades de aceptar el regreso al llano por parte de la ex-jerarca, luego de caer desde una altura autoexacerbada, no demoraron en aparecer en el ruedo mediático e incluyeron el señalamiento de que fue cesada por su condición de mujer (algo que “los varones no pueden tolerar”, según remarca en entrevista publicada el jueves 19 en el semanario Búsqueda), pasando por señalar como “culpables” de su caída a Wilson Netto (Presidente del Codicen) y Robert Silva (Consejero en representación de los docentes en el Codicen) e incluyendo una apelación al emotivismo fundada en señalar haber sido víctima de una “vulneración de sus derechos laborales”.

En el gesto final, la autocrítica -como a lo largo de toda su gestión- brilló por su ausencia. No hubo una sola mención de su parte a los cuestionamientos por todos conocidos respecto de su labor, que no pasan simplemente por aspectos estrictamente técnicos, sino que aterrizan particularmente en sus modos de procesar los vínculos con aquellos actores que resultan clave a hora de conducir Secundaria.

Sus acciones negativas en tal sentido van desde el bloqueo y ninguneo proferido contra la Consejera Isabel Jaureguy -quien denunció tal situación en reiteradas ocasiones-, pasando por los agravios permanentes respecto de los docentes que cuestionaban públicamente su gestión (llegando al punto de agraviarlos por vías de redes sociales) y un relacionamiento tenso y distante con los sindicatos docentes, donde tampoco faltaron insultos públicos desde su parte.

Completando el cuadro, en los días previos se sumó una denuncia periodística que detallaba que una de las Secretarias personales de Puente (que poseía el récord de tener cinco Secretarias) era la pareja de un sobrino suyo y había sido incorporada el año pasado a trabajar bajo sus órdenes, justo en tiempos donde se destapan en varias dependencias del Estado casos de acomodos relacionados con lazos familiares.

La situación generada debería arrojarnos más de una enseñanza: una saludable gestión del campo educativo requiere tender puentes con los docentes -actores centrales del proceso educativo-, fundar el accionar en el valor del trabajo en equipo entre los integrantes del ejecutivo que conducen el barco y saber encauzar de modo positivo las críticas que toda función pública y de exposición implica, tramitando las inevitables diferencias que vayan surgiendo desde el respeto, la autocrítica y la capacidad argumentativa.

Por supuesto, requiere tener buenas ideas y tener un plan respecto de cómo llevarlas a cabo, pero sin enredarse incluso en este terreno en la errónea concepción de que el ejercicio efectivo del liderazgo pedagógico va de la mano de la soberbia y la práctica autoritaria.

Hay una diferencia crucial entre autoritarismo y autoridad. La autoridad se legitima desde el aprecio ético e intelectual que se tiene sobre la persona que ejerce el rol de mandar. Implica ser un referente valorado positivamente para el que debe finalmente cumplir órdenes.

El próximo jueves 3 de mayo asumirá la profesora de Historia Ana Olivera al frente de Secundaria. En primera instancia, esperemos que su vínculo con los docentes sea desde un lugar realmente constructivo y, en segundo lugar, que sepa distinguir claramente entre actuar “con firmeza” y el ejercicio autoritario, algo que su predecesora sigue sin comprender (y que es deseable pueda finalmente entender y modificar su accionar, ahora desde su retomado rol de Inspectora). 

Esperemos que Olivera pueda construir puentes y no dedicarse a derribarlos. Son varios los problemas por solucionar que tenemos en el terreno de la educación como para que quienes la gobiernan sean parte central de los dolores de cabeza.

Es tiempo de construir una agenda educativa que esté por encima de personalismos y de partidos políticos. El país enfrenta una crisis de valores que en buena medida se funda en el déficit educativo y cultural que padecemos.

Nuestra crisis no es económica, sino moral. Y la educación y la cultura son la clave para salir a flote. No podemos seguir perdiendo tiempo al respecto y urge asumir de una vez por todas tal responsabilidad.
O comprendemos que debe ser prioritario atender debidamente el problema de la marginalidad cultural y solucionar la pérdida de valores deseables para el mejor desarrollo de la convivencia o seguiremos bajando escalones como sociedad.

Esperemos que la decisión tomada por el Codicen sea parte del comienzo de hacerse cargo de la situación educativa y suponga el final de la nefasta política de “barrer bajo la alfombra” y echarle la culpa a terceros.

Como sucede con todo momento de crisis, trae consigo una oportunidad.